El Ministerio de Relaciones Exteriores había solicitado en cuatro Notas verbales anteriores la devolución del autor de este acto de piratería aérea y de la aeronave, propiedad de la Empresa Nacional de Servicios Aéreos S.A. (ENSA).
En esas Notas, como en esta ocasión, se reitera que los actos de piratería aérea constituyen delitos tipificados en varios convenios internacionales ratificados por Cuba y los Estados Unidos; que este hecho representa una violación del espacio aéreo, de la seguridad operacional y de las regulaciones aeronáuticas cubanas en correspondencia con lo estipulado en los Anexos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago), y que la impunidad sobre acciones de esta naturaleza constituyen un precedente negativo y peligroso.
Otorgar asilo político a quien cometió el secuestro de una aeronave con fines de emigrar constituye, además, una violación de lo consignado en la Declaración Conjunta en materia migratoria suscrita por ambos países el 12 de enero de 2017, que establece la obligación de las partes a «desalentar resueltamente los actos ilícitos vinculados con la migración irregular, promover la cooperación bilateral eficaz para prevenir, y procesar el tráfico de personas, así como los delitos asociados a los movimientos migratorios, que ponen en peligro su seguridad nacional, incluyendo el secuestro de aeronaves y embarcaciones».
El viceministro recordó que la historia de la piratería aérea alentada y tolerada por los Estados Unidos con fines de desestabilización y hostilidad política contra Cuba tiene una trayectoria conocida y de consecuencias muy negativas y sensibles, que debería servir de enseñanza para que el gobierno estadounidense asuma una conducta responsable ante hechos de tanta gravedad.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba deplora esta decisión del gobierno de los Estados Unidos y de su sistema judicial, que los convierte, en la práctica, en cómplices y estimuladores de la piratería y el secuestro aéreo, delitos que, de tolerarse y protegerse, podrían estimular actos ilícitos similares con repercusiones negativas para la seguridad nacional de ambos países.
