El Decreto–Ley 81 Del régimen laboral especial de las personas privadas de libertad, que trabajan dentro o fuera de los establecimientos penitenciarios, fue publicado ayer en la Gaceta Oficial de la República, en su edición número 6, y entrará en vigor a partir de los 60 días posteriores a esta fecha.

Ariel Fonseca Quesada, director general de Empleo del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, expresó, en conferencia de prensa en la sede del organismo, que este Decreto-Ley otorga una categoría jurídica mayor a los derechos laborales de las personas que cumplen sanción en privación de libertad, pues su antecedente lo marca un grupo de resoluciones individuales, que ahora tienen un rango superior.

Explicó que, entre los principios fundamentales que sostienen esta norma jurídica, está el derecho a trabajar y su finalidad de reinserción social y labor educativa; establece que esa relación debe darse de forma voluntaria, excepto en los casos en que la sanción penal así lo establezca, y no debe existir discriminación por ninguna razón.

Añadió que regula la relación jurídica de trabajo que se establece entre la persona privada de libertad apta y en disposición de trabajar, y la autoridad penitenciaria, para el desarrollo de una actividad laboral por cuenta ajena y remunerada.

Entre los principales aspectos regulados, Fonseca Quesada apuntó la protección especial a los jóvenes privados de libertad en edades comprendidas entre 16 y 18 años, el control a que la entidad empleadora realice los ajustes necesarios para que la persona privada de libertad que está en situación de discapacidad, pueda ejercer su labor en condiciones de equidad.

Destacó que se mantiene la protección establecida en el régimen general de seguridad social, en los casos de enfermedad y accidente de origen común o profesional, maternidad, invalidez y vejez, y en caso de muerte se protege a su familia, según lo previsto en la legislación vigente.