Como «hilo conductor para el trabajo en estos momentos» definió el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, las proyecciones de gobierno que, para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante 2024, fueron aprobadas a finales del pasado año.

Sus reflexiones tuvieron lugar durante la más reciente reunión del Consejo de Ministros, a propósito de la evaluación que se presentó sobre la implementación de las medidas que, con tal propósito, han comenzado paulatinamente a ponerse en marcha en Cuba.

En el encuentro –encabezado por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez–, el Primer Ministro insistió en acompañar este proceso desde todas las instancias y estructuras del país.

Lo diseñado, consideró, es la «guía por la cual todos nos tenemos que conducir, y no está ajeno a ninguna institución, a ningún proceso».

Teniendo justamente en cuenta la significación de esas medidas, evaluar el estado de su implementación fue el primer punto de la agenda de la reunión del máximo órgano de Gobierno correspondiente al mes de febrero, en el cual la viceministra primera de Economía y Planificación, Mildrey Granadillo de la Torre, dio a conocer las principales acciones llevadas a cabo entre el 24 de enero y el 27 de febrero.

En tal sentido, detalló que durante ese periodo se ha continuado trabajando en la identificación de las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica, así como en la evaluación de los posibles impactos que pudiera traer consigo el incremento de precios y tarifas concebido para varios productos.

Recordó cómo, con el propósito de garantizar la gradualidad en la implementación, se decidió aplicar durante el mes de marzo la actualización de los precios minoristas de los combustibles, y el incremento de la tarifa eléctrica del sector residencial en un 25 % a los consumidores de más de 500 kWh. 

A su vez, dijo, se aplazó la actualización del precio del gas licuado hasta que se implemente el costo actualizado de la canasta familiar normada.

Entre las proyecciones previstas para el mes de febrero que se encuentran en proceso, se refirió a la actualización de las normas que permitan reordenar los proyectos de

desarrollo local; el redimensionamiento del mercado cambiario; así como el perfeccionamiento y desarrollo del proceso de contratación con las formas productivas no estatales en la agricultura.

De manera particular, acerca de las proyecciones para el mes de marzo, Granadillo de la Torre mencionó, entre otras, la emisión de las nuevas normas jurídicas para los actores económicos no estatales, que incluyen la actualización de las actividades no autorizadas a realizar por estos actores y la creación del Instituto para la atención de estos.

En sus palabras, la Viceministra primera de Economía y Planificación ratificó que cada una de las medidas se «aplicará cuando estén creadas las condiciones para ello, lo cual incluye la campaña comunicacional, la información oportuna y la identificación de los efectos en la población, defendiendo el principio de que no quede nadie desamparado».

Llamó la atención sobre la necesidad de que exista mayor integración entre los organismos de la Administración Central del Estado y los gobiernos territoriales en el cumplimiento de los objetivos previstos.

Bajo el principio de que nos debemos al pueblo, la mitigación de los impactos negativos, ante las complejidades que enfrenta la economía, es una tarea de primer orden, aseveró.

Al respecto, el Primer Ministro enfatizó en la necesidad de ofrecer información oportuna respecto a cada nuevo paso, para que la población entienda y se pueda dar respuestas a sus lógicas preocupaciones, sobre todo aquellas asociadas a medidas relacionadas con el incremento de precios y tarifas. «Y es ahí donde tienen que existir, oportunamente, la información y el esclarecimiento necesarios para poder lograr el éxito de estas proyecciones de gobierno», valoró.

Si bien esas decisiones no van a resolver «los problemas que hoy nos están afectando, como la escasez de alimentos y otros a corto plazo, sí van a tener una incidencia positiva en la solución de todos aquellos temas macroeconómicos que se han ido desviando», al tiempo que permitirán «ir corrigiendo todos esos subsidios injustificados y también contener poco a poco el tema de los precios».

De ahí la necesidad, consideró Marrero Cruz, de que «todos tengamos identificadas, en primer lugar, cuáles son las distorsiones, cuáles son aquellas cosas que no están funcionando bien, incluso aunque sean las establecidas y que en su momento jugaron un papel, pero que a la luz del actual contexto requieren ser transformadas, actualizadas, corregidas».

Asimismo, se refirió a la responsabilidad que tienen las autoridades en «los territorios de ir identificando aquellas personas o familias en situaciones de vulnerabilidad a quienes tenemos que buscar cómo darle una asistencia, cómo darle un apoyo, para evitar que su situación empeore a partir de alguna medida».

A nivel de municipio, señaló, tienen que estarse «monitoreando, y modelando constantemente, para corregir todo lo que sea necesario y que no tengan mayores afectaciones a la población».

De manera particular, acerca del incremento del precio de los combustibles que inicia en el mes de marzo, Marrero Cruz recordó que ese aumento es en el precio minorista, no en el mayorista, de ahí que «no se justifica un incremento de precio en el sistema legal y oficial de transportación de la población.

«Nosotros tenemos la obligación ante el pueblo de imponer disciplina, orden y control en el cumplimiento estricto de lo que está establecido».

Es responsabilidad y obligación del Gobierno, enfatizó, «exigir a todos los actores económicos por igual que se cumpla lo que está establecido, ya sean estatales o privados, y dejar claro cuáles son los precios, y exigir que quien los viole recibirá todo el rigor de la Ley».

Finalmente, en sus palabras, subrayó la necesidad de que se implemente en la base un sistema de trabajo que permita «ir viendo los impactos, cómo va la implementación, y desde el cual se hagan propuestas concretas a partir de lo que va surgiendo a nivel de territorio, a nivel de instituciones, para poder de verdad ir incorporando, a todo lo que sea corregir distorsión, todo lo que haya que cambiar y buscar soluciones alternativas para poder reimpulsar la economía».

Ese es el camino para seguir, es «la búsqueda de soluciones y de espacios que nos permitan impulsar y llevar a feliz éxito este proceso que hemos iniciado», valoró.