Murillo Jorge recordó que el 1ro de enero comenzó a funcionar el nuevo tipo de cambio (1 USD x 24 CUP), aunque se trata de un proceso que se hizo público el 10 de diciembre y horas después se publicaron más de 100 normas jurídicas.

Desde el primer día, aseguró, se estudiaron todas las opiniones, como lo ratificó el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en la última reunión de la Asamblea Nacional. “Fueron opiniones serias y responsables, por ejemplo, relacionadas con la tarifa eléctrica y la aceptación de los CUC en las cadenas de tiendas”. 

“Lo que haya que rectificar se rectifica. Lo que haya que arreglar se arregla, siempre que económicamente sea posible hacerlo”, dijo el jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos.

Ha habido, reconoció, más de un problema en la implantación de la medida que se aleja de la política aprobada. “Es un proceso muy transversal y complejo”.

Murillo Jorge argumentó que del tipo de cambio casi no se habla y la Tarea Ordenamiento tiene cuatro aspectos fundamentales: quitar una moneda, establecer un único tipo de cambio, eliminar los subsidios excesivos y gratuidades indebidas y una modificación en las distribución de los ingresos.

Sobre los precios y los ingresos, un asunto que ha obligado a sacar cuentas a la familia cubana, Murillo Jorge comentó que diciembre es un mes complejo, hay muchos gastos en la familia. “Con buenísima intención hicimos el anticipo salarial el 23 de diciembre. Es un mes donde muchos cogen vacaciones durante la segunda quincena. Vacaciones que estaban acumuladas por la escala anterior, entonces las personas se preguntaban ante el anticipo más las vacaciones, ¿qué voy a cobrar en enero?”.

Explicó que todavía no ha llegado el mes donde las personas tengan su ingreso y lo puedan comparar con sus gastos.

El jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos reconoció que  en el proceso de implantación del ordenamiento monetario, han habido “desviaciones de la política aprobada y cosas que no se hicieron bien”.

Por un lado, acotó, hay “muchas decisiones que se definen y se implementan a otros niveles y por otro lado, muchas políticas lo que tenían planeado era un traslado de facultades a esos niveles y eso es un proceso de aprendizaje. Hemos visto cosas que no se justifican que hayan ocurrido”.

Reiteró que se trata de un proceso muy transversal, “de ahí la cantidad de opiniones que ha habido que rectificar, desde las más grandes hasta las más pequeñas”.

Hay cosas que ahora se ven un poco más claras, como dijo el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en la televisión hace unos días, afirmó Murillo Jorge y recordó que desde los congresos del Partido siempre se planteó que “más que en la Tarea Ordenamiento, en la actualización del modelo económico nadie quedará desamparado”. 

Pero hay cosas que debemos explicar mejor para trasladar tranquilidad, señaló. ¿Qué significa que nadie quedará desamparado? “Primero, tenemos un sistema empresarial con muchos problemas estructurales, entiéndase atraso tecnológico, falta de materias primas, fundamentalmente en la industria manufacturera”.

Hay un grupo de empresas, añadió, que no soportarán la devaluación, porque además tienen que financiar los incrementos salariales. En el Presupuesto del Estado hay previstos 18 000 millones para apoyar el sistema empresarial, pero “no para cubrir ineficiencias”, ni para permitir que estas se trasladen a los precios minoristas.

“Decir que nadie quedará desamparado es prever en el presupuesto del Estado unos 18 000 millones de pesos para apoyar el sistema empresarial, algo normal. No hay ningún país con desarrollo en el mundo que no haya apoyado de alguna manera a los sistemas empresariales”.

En Cuba, “antes eso era un subsidio automático desde el presupuesto, ahora aquí se tiene que explicar la pérdida. No es correcto pasarnos la vida subsidiando a empresas que tienen pérdidas”.

Al referirse a la devaluación de 1x24 en ese sector ilustró: “Si a 24 le quitas uno, ya te quedan 23. Y si ese 23 se multiplica por 1 000, estás haciendo una devaluación de un 2 300%, que en Cuba es normal o casi normal porque tenías un circuito de 1x1 y 1x24 y lo que hiciste fue subir a todo el mundo al circuito de 1x24”.

De acuerdo con Murillo Jorge, eso genera en el sistema empresarial un nivel de eficiencia nuevo que no se logrará en los tres primeros meses. “Las personas tienen que ir cambiando su mentalidad. Ello va unido a un grupo de flexibilidades y facultades que se le han otorgado al sistema empresarial para que reaccione”.

“Ahora es bueno exportar, porque cada vez que exportas te dan 24 pesos. Ahora es bueno encadenarme. Pero eso tiene que ocurrir con gradualidad”, prosiguió y reiteró que existirá un grupo de empresas que habrá que ayudar.

“En esas empresas que calculamos que pueden terminar el año con pérdidas hay más de 300 000 personas ocupadas. Y la solución no es el desempleo, pero tampoco financiar de por vida empresas ineficientes”.

La cantidad de empresas que tendrán esa situación, “depende también, explicó, de cómo se comporte la pandemia de COVID-19 y la recuperación de los niveles de actividad, el turismo”.

Las personas se preguntan si este era el mejor momento para implementar la Tarea Ordenamiento. “Mientras más tensas están las economías y más problemas estructurales tienen, usted no puede seguir conviviendo con una moneda sobrevaluada contra las divisas internacionales”.

Enumeró otra vez los riesgos inflacionarios, que serían grandes —como se había dicho—asociados al déficit de oferta, al incremento del ingreso y de los costos a las formas no estatales y al elevado déficit del presupuesto del Estado.

Entre las elementos que aportan a ese déficit fiscal está la reforma salarial en el sector presupuestado, que ocupa el 48% de los trabajadores y “donde también tenemos que pedir más eficiencia”.

Otra expresión de que nadie quedará desamparado, expresó, es que en el presupuesto estatal existen 700 millones para atender a las personas vulnerables. “No todo el mundo es vulnerable y no hay dinero para ponerle a todo el mundo, porque los recursos son finitos. Además, trabajamos en el acceso a personas en edad económicamente activa y físicamente aptas al empleo, como mejor forma de eliminar la vulnerabilidad”.

Al resumir las medidas que sustentan la decisión de que “nadie quedará desamparado”, Murillo Jorge señaló el financiamiento para el sector empresarial para evitar el desempleo y el financiamiento en el presupuesto con un enfoque muy social hacia las personas vulnerables. También cuando se subsidian determinados insumos a los productores y “le pones un precio para estimularlo”.

El problema es —acotó— que en las políticas públicas aprobadas hay casos específicos, particularidades que se atienden con los 700 millones del presupuesto del Estado.

Murillo Jorge hizo mención a un comentario que razonaba: “mi abuela gana 1 070 de una pensión por viudez y está en un hogar de ancianos donde le vas a cobrar 700 pesos, ¿qué le queda?”

“Yo no digo que las casas de abuelo sean la maravilla del mundo. Ahí también hay desviaciones e irregularidades, pero también hay algunas que funcionan bastante bien y en las que no lo hacen, hay que denunciarlo por todas las vías posibles. Si esa abuela entonces, además tiene que consumir medicamentos u otras necesidades, se le atiende por la Asistencia Social”.

Otro elemento que no se puede olvidar son las tendencias demográficas de la población cubana. Según el censo de 2012, el 18,3% tiene 60 años o más. En 2020, creció a 21,3%. Por tanto, “esta Tarea Ordenamiento se ha hecho en un ambiente de envejecimiento poblacional. Esos son nuestros ancianos, los que nos hicieron creer y llegar hasta aquí”.

Datos ofrecidos en la Mesa Redonda revelaron que durante 2020 nacieron 105 000 niños y fallecieron 111 000 personas, es decir la población cubana, que lleva años decreciendo, biológicamente no se está reproduciendo, porque fallecen más que los que nacen. “Es algo que teníamos previsto que ocurriera a partir de 2024, pero se han deteriorado mucho los indicadores y, además, nacen más varones que hembras”.

En Cuba, los Sistema de Atención a la Familia (SAF) atienden a 76 176 personas, de ellas 47,7% son jubilados (todos subieron sus ingresos), 21,9% casos sociales, 15,9% protegidos por la Asistencia Social, 7,5% discapacitados, 6,8% no jubilados y 0,3% embarazadas.

Murillo Jorge recordó que un grupo grande de estas personas subieron sus ingresos y aunque almuerzan y comen en esos lugares reciben la canasta familiar normada. En el caso de las embarazadas, todo quedó subsidiado.

En el presupuesto estatal hay 30 mil millones de pesos para subsidiar personas, contabilizó el jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos.

Quedan entonces dos disyuntivas: “Primero, quitas aquí un poco de subsidios y atiendes personas o sigues subsidiando los alimentos que vienen para aquí aún con la subida de los ingresos”.

Cada vez que en la red minorista existen dos precios diferentes, aparecen complicaciones en términos de control, dijo Murillo Jorge y explicó que esto sucede también con la aceptación del CUC. “No se puede poner a todo el mundo a recibir CUC, porque si recibes el CUC tienes que dar 24 pesos, y si ese CUC se pierde se vuelve a poner en la calle 24 pesos”.

Aseguró que en todas las unidades que reciben CUC se está montando un sistema de control que garantice que cuando se recoja esa monada se destruya.

En los SAF, reiteró, se mueve una cantidad de recursos importantes, que no puedes, por ejemplo, poner una libra de pollo a 60 centavos y que valga 20 pesos en otro lugar. 

De ahí que se decidió subir los ingresos y quitar un nivel de subsidios importantes “para tratar de ir eliminando precios diferentes para el mismo producto y responder también con un lineamiento que viene desde el 6to Congreso del Partido que plantea la necesidad de atender personas y no productos”.

Dentro de esas 76 000 personas, “hay algunas que con su subida de ingresos y la de los precios se sienten que se han quedado desamparadas y nosotros lo que decimos es mucha calma, que nadie se va a quedar desamparado”.

“Si aún con la subida de los ingresos, como en el ejemplo de la abuela, a esa persona hay que ayudarla, nosotros tenemos fondos en el presupuesto para, racionalmente, atender a las personas”.

Ratificó la siempre posición de la Revolución y el Gobierno de atender a los más vulnerables, lo cual se mantiene “lo que un poco diferente por lo menos en materia operatoria, de cómo se va a realizar”.

“Nada justifica que el 1ro de enero hubiera aparecido en uno de estos lugares alguien cobrando un almuerzo en 30 pesos, “porque todos esos almuerzos se realizaron con el inventario que quedaba y con los precios anteriores”.

Esos 76 000 ancianos están en 1 445 unidades, agregó Murillo Jorge y explicó que la idea de unificar los precios también nos permitiría dar otros servicios, “porque para que no se mezclara un producto caro con uno barato en estas unidades solamente se daba el servicio a esas personas”.

“También tenemos información de lugares donde no se elabora correctamente la comida. Tú puedes dar un buen servicio de almuerzo con arroz, frijoles, croquetas, un huevo hervido, pan sustituyendo a la vianda, pero hay que darlo con amor y con calidad. Yo no estoy defendiendo aquí la chapucería y han ocurrido cosas de ese tipo”.

Ante esa realidad, aparecen dos preocupaciones: la subida de los precios y la mala calidad del servicio, reconoció y adelantó que se está revisando la posición económica de esas personas y “hay lugares donde es más complejo y hay lugares donde lo es menos”.

El Jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos aseguró que cuando haya un deterioro de la calidad y el nivel de vida de estas personas, porque el incremento del ingreso choca con la subida de los precios, se atenderán por la asistencia social. 

En Cuba hay un millón 670 000 pensionados, quienes mejoraron su ingreso sustancialmente tras el ordenamiento monetario.

Ahora, “vamos a suponer que había alguien que estaba en 300 pesos que fue a 1 528 y está una casa de abuelos y en la casa de abuelos los 700 pesos y tantos es el 50% de la pensión, entonces pueden decir que le quitan el 50% de la pensión, pero con ese 50% desayuna, almuerza, come y merienda y estamos hablando de las condiciones económicas que los gobiernos le dan a esos lugares, que reciben prioridad”.

Si ese anciano, prosiguió, tiene que coger el 50% de su pensión para pagar la casa de abuelo y tiene otros gastos como los medicamentos, también puede acudir a la asistencia social.

Para ello, primeramente se realiza un análisis del núcleo familiar, “porque ante el envejecimiento poblacional no es posible que toda la responsabilidad caiga sobre el Estado cubano. Tiene que haber también una responsabilidad de la familia”.

La estadística indica que casi todos los núcleos familiares deben tener, al menos, una persona de la tercera edad.

Murillo Jorge se refirió a que con la Tarea Ordenamiento se estima que algunos ancianos vulnerables salgan de esa situación, aunque ratificó que la política sigue siendo que una persona que esté en un hogar de ancianos y tenga la asistencia social que pagar parte del costo del lugar, se haga. “Estoy trasladando tranquilidad a las personas de menos ingresos”.

Las personas que la asistencia social les cubre los gastos del hogar, reciben 60 pesos para gastos de bolsillo, por si desea comprar algo fuera. “Las personas pudieran decir que con los precios actuales son insuficientes 60 pesos, pero se les da ese dinero y el Estado asume todo”.

“Mucha tranquilidad a todas las personas vulnerables en Cuba, que la política del Estado y la Revolución es atenderlos y seguir atendiéndolos”.

Los diseños relacionados con las casas de abuelos, “así ha funcionado la Revolución hasta ahora y esto se mantiene dentro de la Tarea Ordenamiento y sin ella. Hay un grupo de cosas que ya formaban parte de la política social y que se mantienen en la Tarea Ordenamiento lo que con un flujo mayor, pero los principios son los mismos”.

La ministra de Trabajo y Seguridad Social empezó su intervención en la Mesa Redonda recordando una frase del líder de la Revolución Fidel Castro. “No hay un solo ser humano desamparado o sin asistencia social en nuestro país. Eso ha sido obra de la Revolución”.

La titular recordó que fue en los momentos más duros del período especial donde hubo que establecer desde cero los sistemas de Seguridad Social, porque la naciente Revolución encontró que estaban desfalcadas las 52 cajas de retiro y no había dinero para pagarle a los pensionados.

“Ni siquiera en pleno período especial donde  la situación económica estaba tan tensa, donde los trabajadores estaban interruptos, donde hubo que hacer un proceso de disponibilidad, ni siquiera en esos momentos se dejó de pagar a cada uno de nuestros pensionados su pensión el día que le correspondía”.

Tampoco, continuó, “se dejó de proteger por la asistencia social a ninguna persona que no tuviera suficientes ingresos. Es una voluntad de la política social de la Revolución cubana que se mantienen en el tiempo.

Subrayó que la Tarea Ordenamiento no cambia los principios fundacionales que tiene la asistencia social. “La población debe confiar en nuestro sistema de asistencia social”.

Estructuralmente el sistema de seguridad social tiene dos partes:

• Régimen de Seguridad Social: protege al trabajador y su familia; ofrece prestaciones monetarias para cubrir riesgos ante la enfermedad del trabajador, la invalidez total o parcial, la maternidad o el fallecimiento del trabajador para proteger a los familiares que tengan derecho; además brinda prestaciones de Salud, servicio gratuito en Cuba.

“Es un sistema de Seguridad Social robusto. Cuando Cuba expone en escenarios internacionales este sistema, es una cuestión que las personas reconocen y se interesan porque no es así en otros países. Por ejemplo en otros países el sistema integra lo curativo, pero lo preventivo y la rehabilitación no forman parte del sistema”.

• Régimen de Asistencia Social: comprende a ancianos sin recursos ni amparo familiar, personas no aptas para trabajar que carezcan de familiares en condiciones de prestarle ayuda. “La asistencia social tiene un componente de responsabilidad familiar”.

“La principal seguridad que tiene el país en la esfera social es el derecho al empleo, porque el empleo es la piedra angular de todo el sistema de Seguridad Social, aun así las personas que están en situaciones de vulnerabilidad se le ayuda y para eso hay prestaciones que tienen un carácter monetario y los servicios sociales de la asistencia social”.

Con relación al impacto de la Tarea Ordenamiento, la ministra dijo que 1 671 000 pensionados fueron beneficiados con la aplicación de la reforma, el 100% del total. 

En otros momentos se ha realizado un incremento de las pensiones donde se beneficiaron los de menores ingresos, recordó y contabilizó que tras el ordenamiento monetario ya hicieron efectivo el cobro de sus jubilacione el 98% pensionados, que lo hicieron de manera adelantada en el mes de diciembre.

La pensión mínima se fijó al costo de la canasta de bienes y servicios de referencia.  Anteriormente cubría 0.68 canastas, y ahora se incrementó 5.5 veces. mejorando la capacidad de compra de la pensión.

Para el pago de las pensiones en el año 2021, se destina un presupuesto de 33 139 millones de pesos. “Es una cifra importante, en términos porcentuales del producto interno bruto y en términos del presupuesto del Estado es significativa, solo se compara con los gastos en Salud y Educación”.

Se trata, destacó, de un presupuesto que se forma a partir de la contribución de los empleadores y de los trabajadores. “Aun así es un presupuesto deficitario, o sea los gastos que incurre como pago de las pensiones es superior a lo que se obtiene. Entonces para cubrir ese desbalance entre los ingresos y los gastos y todos los pensionados puedan cobrar durante todo el año en el momento en el que le corresponde, el Estado transfiere esa diferencia”.

La ministra informó que esta transferencia de la  cuenta del presupuesto Central es en el actual año de 11 549 millones de pesos, lo cual habla de la prioridad que le da el país al tema de la Seguridad Social

En el caso de la asistencia social, hubo un incremento. La prestación mínima se aumentó 5.8 veces, fijándose en 1 260 pesos. El 100% de los beneficiarios de la asistencia social fueron beneficiados y ya el 94.3% ha cobrado esa ayuda.

“Es una cifra que también hay que revisar, porque hay personas que todavía no han ido a cobrar su asistencia social. Hay que revisarlo y ver si es que están enfermos o están fuera del territorio, porque si fuera así también es posible gestionar el cobro en el lugar donde se encuentran”.

La titular comentó que este pago tiene un cierre y los que de una manera justificada no han podido cobrarlo tienen el derecho, “pero si una persona injustificadamente no ha hecho el cobro no se le paga después, porque supuestamente es una persona que tiene una necesidad y es por esto que se le paga el dinero”.

El presupuesto de la asistencia social, a diferencia del de la seguridad social, es asumido íntegramente por el presupuesto del Estado (este año destinó 2 707 millones de pesos).

Este presupuesto también contempla los servicios sociales que ofrece la asistencia social, y la entrega de recursos a la familias en situaciones de vulnerabilidad cuando ocurren desastres naturales como ciclones. “O personas que por razones de enfermedad necesitan una batidora, por ejemplo”.

“La seguridad y la asistencia social es una de las obras más bonitas que tiene nuestra Revolución, porque está mirando, ayudando y amparando a todas las personas que más lo requieren”.

La titular del MTSS, Marta Elena Feitó, también se refirió al Sistema de Atención a la Familia y explicó que este no es un servicio dirigido a las personas con insuficiencia de ingresos, sino a aquellos que tienen limitaciones para elaborar los alimentos de manera independiente. 

“Hay pensionados de la Seguridad Social que son solventes económicamente, hay beneficiarios de la asistencia social, hay embarazadas. Esa es una protección que se brinda porque existen personas mayores a las que les cuesta trabajo cocinar, no ven bien, se queman, viven solos. Ese es un servicio que se presta en la comunidad”.

La ministra comentó que cuando empezó el año, una de las cuestiones que se estuvo siguiendo fue que había un grupo de personas que asiduamente acudía a este servicio de alimentación de la familia que habían dejado de asistir. La primera pregunta fue, por qué no van.

Una de las cuestiones que se identificó fue el tema de los precios y rápidamente los ministerios de Comercio Interior y el de Finanzas y Precios comenzaron a revisar qué estaba pasando allí. “De hecho, hoy hay un grupo de personas, un equipo de trabajo del Mincin que está tocando con la mano la situación que tienen los SAF”. 

Como explicaba Murillo Jorge, este sistema requiere de calidad en lo que se esté ofertando a partir de los abastecimientos con que dispongan. “Lo que se oferte debe hacerse con calidad y amor”, sentenció.

Actualmente unas 76 810 personas reciben este servicio y hay 12 000 personas que ese servicio es subsidiado por la asistencia social. “Porque con la prestación de la asistencia que tenían anteriormente no le era suficiente para realizar ese pago y además asumir todos los otros gastos que tenía en el domicilio”.

La ministra recalcó que no existe ningún impedimento para incluir a cualquier persona que requiera de este servicio, esté en estos momentos protegido en el SAF o no. “Si es insolvente económicamente la asistencia social puede asumir ese gasto. Lo que no puede pasar es que alguna de estas personas no vaya porque tiene un alto precio y entonces no almuerce o no coma. A esa persona hay que protegerla”.

Llamó a que todos los adultos mayores que estaban asistiendo a este sistema de alimentación a la familia, continúen haciéndolo. “Verán que los nuevos precios fijados oscilan entre los 8 y los 13 pesos. Eso es lo que está establecido”.

La ministra señaló la necesidad de velar por una buena calidad e higiene y reiteró que “nadie puede abandonar ese servicio porque considere que su ingreso no será suficiente. Que todas las personas sigan asistiendo, que será asumido por la asistencia social como sucedía hasta ahora”.

“Es un trabajo de la comunidad entera. Porque esas personas radican en un Consejo Popular con sus estructuras, ahí están las organizaciones de masas, la administración de cada entidad, la empresa a la que pertenece ese establecimiento, los propios beneficiarios de la asistencia social que deben retroalimentar al trabajador social que atiende cada consejo popular. Esto es un servicio social que debe mantenerse con toda la calidad”.

Los datos mostrados en la Mesa Redonda evidencian el envejecimiento poblacional en el país, “un proceso muy acelerado”. “Aunque una sociedad envejece no porque haya muchas personas de 60 años o más, sino porque no nacen los niños suficientes para que la población se reproduzca. Ese fenómeno, unido al tema de salud con la protección que tienen los cubanos, hace que se agrave la situación porque hay muchas personas con una elevada esperanza de vida”.

En el país existe una política para atender ese envejecimiento poblacional con múltiples medidas, relacionadas con la fertilidad y la vivienda. Dentro de esas políticas multisectoriales, ejemplificó la ministra, hay un tema relacionado con la reparación de hogares de ancianos y casas de abuelos para que oferten un servicio de mejor calidad.

“Esa es una política que se viene controlando y que se chequea periódicamente por la máxima dirección del país. Se ha establecido por el Ministerio de Finanzas y Precios una diferenciación en el costo del servicio de un Hogar de Ancianos, que ya pasó por ese proceso de remodelación y posee mejores condiciones para prestar el servicio, con respecto al resto de los hogares que aún no se encuentran en esa situación”.

Incluso, ese incremento de la calidad por haberse cumplido todos los requerimientos debe ser certificado, explicó y dijo que actualmente de los 157 hogares de ancianos, 49 han sido certificados por el Ministerio de Salud Pública. 

Existen 2 324 adultos mayores en régimen de internado. Es decir, son personas que viven en esos hogares, se alimentan y duermen. Reciben una atención diferenciada por parte de los servicios médicos radicados en los hogares y todo el avituallamiento, servicios de lavandería.

De ese total de adultos mayores internados, —contabilizó— 513 asumen el pago con sus ingresos o con ayuda de su familia. Otro grupo conformado por 1 811 reciben subsidio de la asistencia social. De forma parcial, 1 353 (75%) reciben este subsidio. Mientras 458 son financiados de forma total por la asistencia social (25%).

“Cualquier persona que necesite estar en un Hogar de Ancianos que no tenga ingresos suficientes o que su familia no pueda costear ese incremento de la tarifa, también continuará siendo subsidiado con cargo a los fondos de la asistencia social”.

La ministra explicó que además de las personas mayores a tiempo completo en los hogares de ancianos, también la asistencia social asume el pago de quienes están seminternos. “Estos ancianos van en la mañana y se retiran en la tarde porque generalmente están al cuidado de familiares que laboran durante el día. Allí son protegidos durante el día, aunque vayan a dormir a sus casas”.

El servicio en casas de abuelos es similar. Existen 300 casas de abuelos, de las cuales están certificadas 234. Actualmente 7 440 adultos mayores reciben este servicio: 2 996 asumen el pago con sus ingresos o con ayuda de su familia y otro grupo de 4 444 reciben subsidio de la asistencia social. De forma parcial son 3 14 (68%) y de modo total, 1 430 (32%).

En esta modalidad, abundó la titular, los ancianos están durante el día socializando con otros adultos mayores en estos círculos, con todos los servicios garantizados y se retiran en la tarde. Allí se hacen muchas actividades y desde el punto de vista de salud existe una permanente vigilancia.

Aseguró que en todas esas casas hay un asistente social de salud y éste posee un vínculo directo o con la filial del Instituto Nacional de Seguridad Social, que hay una en cada municipio, y también están las direcciones de Trabajo. Aún así, en el caso de que el anciano esté en un hogar certificado donde se incrementó el costo a 1 260 pesos, recibe un dinero adicional.

“Son personas que no trabajaron a quienes se le garantiza el hogar y se les da un dinerito adicional. En el caso de los pensionados, a partir de sus pensiones son solventes económicamente para asumir estos gastos”.

En lo relativo a la protección a las madres con hijos con discapacidad, dijo que es un servicio resultado del estudio psicosocial y clínico-genético a las personas con discapacidad realizado de 2001 a 2003, donde se aprobó la protección a las madres de hijos con discapacidad severa.

Existen 4 037 madres protegidas, cuyo empleo es cuidar a sus hijos, de ellas 3 202 reciben una prestación equivalente al salario, “que ahora —y siempre que ha habido un incremento de pensiones—, se les toma el último salario que ellas tenían cuando eran trabajadoras y se les incrementa como si estuvieran trabajando”.

El otro grupo compuesto por 85, donde hay solvencia económica en el núcleo, se le considera los años de servicios, mientras otras 739 reciben una prestación monetaria.

“En este programa, una de las cosas que se vio desde el principio, es que cuando las madres cuidan a esos niños con discapacidades severas que no pueden estar institucionalizados, pues evolucionaban más favorablemente. Y el Comandante en Jefe declaró que el empleo de esas mujeres sería cuidar a sus hijos”.

Dentro de estas madres, sobre todo por la importancia de la labor que realizan, hay 12 que poseen un servicio de asistente social a domicilio. “Esa madre trabaja y tiene un asistente social que cuida al hijo durante el día”.

Actualmente, se mantienen 5 515 asistentes que están a cargo de 8 328 beneficiarios. “Esto es un servicio que se le da a personas que tienen movilidad restringida, básicamente adultos mayores que están solos y no poseen familiares que se encarguen de ellos, y tienen ahí una persona que se ocupa de cuidarlos, de hacerles las comidas, de limpiarles la casa, de llevarlos al médico”.

La ministra abundó que a ese asistente el presupuesto de la asistencia social le paga un salario por hacer dicho trabajo. “Esa persona que cuida a ese anciano genera derechos a la Seguridad Social”.

Igualmente se mantiene el beneficio para apoyar a personas en el pago de la electricidad, aunque se haya incrementado la tarifa de ese servicio. “Ese beneficio por la asistencia social comprende 153 núcleos protegidos. Son básicamente niños y pacientes con enfermedades crónicas, enfermedades de baja prevalencia que requieren climatización y otros equipos y mantienen la vitalidad en el domicilio”.

Esta posibilidad se impulsa de conjunto con las direcciones provinciales de Salud, de Trabajo y la Empresa Eléctrica.

Tras el ordenamiento monetario se refuerza el principio de que es mejor subsidiar personas que productos. En función de ello, se eliminaron los subsidios en muchos productos y se previeron 700 millones de pesos para la protección a nuevos núcleos familiares económicamente vulnerables.

“Estos núcleos son aquellos en los que se confirma insuficiencia de ingresos para asumir el pago de los servicios básicos y la canasta de alimentación, así como no existen familiares obligados a prestar ayuda ni integrantes del núcleo sin vínculo laboral, en condiciones de trabajar. En esos casos se ofrece protección inmediata a quien lo requiera”.

La ministra remarcó que este presupuesto es finito. “Somos un país con situaciones económicas y uno de los objetivos de la Tarea Ordenamiento es motivar el interés por el trabajo y este debe incrementar la calidad de vida”.

Explicó que toda persona que se sienta en condiciones de vulnerabilidad puede acercarse al lugar destinado en el Consejo Popular para atender estas solicitudes.

Actualmente hay 29 934 solicitudes, y ya 14 000 personas han sido protegidas, mientras que otras 4 443 recibieron empleos como principal protección.

Marta Elena Feitó dijo que el proceso de valoración de las solicitudes tiene un término de hasta 72 horas y reconoció que se han detectado demoras con la entrega de los cheques. “Esas son de las cuestiones diseñadas que deben cumplirse, pues este debe ser un proceso expedito”.

Este trámite se hacía anteriormente en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que debía analizar todas las prestaciones excepcionales en los núcleos que hay ingreso y se requiere completar porque no es suficiente. “Cuando la COVID-19 practicamos la descentralización y actualmente eso se hace a nivel de municipio, para que sea más rápido”.