En el año 2021 se liquida el Presupuesto del Estado en un escenario muy complejo, en el cual persiste el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno de Estados Unidos y los efectos de la crisis sistémica mundial, debido a la COVID-19. No solo en Cuba, también en el resto del planeta se vive un entorno de elevada inflación.

Así lo informó a los diputados Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios, al presentar el informe –que luego se aprobó– sobre la liquidación del Presupuesto del Estado el pasado año.

Según el informe, se reconvirtió el Presupuesto en función del impacto de la unificación monetaria y la devaluación de la moneda; se implementaron adecuaciones tributarias derivadas del ordenamiento y del perfeccionamiento y la regulación de los nuevos actores económicos, incluidas las mipymes.

Las restricciones en el desempeño económico y la necesidad de financiar los gastos y programas sociales, con énfasis en el enfrentamiento a la COVID-19, demandaron un ajuste en el mes de julio, consistente en la disminución de los ingresos, la restricción de gastos en conceptos y actividades, y una redistribución de los recursos financieros que respaldaran las prioridades en el orden económico.

EL PRESUPUESTO FINANCIÓ LOS GASTOS ASOCIADOS A:

• Reforma General de Salario en el sector presupuestado, organizaciones y asociaciones.
• Financiamientos a prestaciones de la Seguridad social y la Asistencia social.
• Subsidio de productos y servicios de alto impacto para la población, aprobados en la Tarea Ordenamiento.
• Respaldo al enfrentamiento de la pandemia, incluyendo los gastos asociados al proceso de vacunación que recibió el pueblo de forma gratuita.

El Presupuesto del Estado cerró las operaciones de 2021 con un déficit fiscal ascendente a 63 696 millones 700 000 pesos, cifra que mejora el planificado, al ser inferior en un 26,6 %. La actividad presupuestada, que es la que respalda los gastos y programas sociales, constituyó el 71,3 % del gasto total del Presupuesto, lo que sustenta su marcado carácter social.

ELIMINAR IRREGULARIDADES Y LA EVASIÓN FISCAL

Bolaños Weiss expresó que la relación del déficit fiscal con el Producto Interno Bruto, a precios corrientes, es de un 10,8 %, que disminuye en relación con 2020, cuando se comportó en un 17,7 %.

No obstante, acotó, sigue siendo alto; «y no nos podemos sentir satisfechos, pues en los controles y auditorías realizadas persisten irregularidades en la administración de los recursos presupuestarios, que propician descontrol, desvíos y hechos de corrupción, que son inadmisibles en todos los tiempos, pero más ahora, que transitamos por tan compleja situación económica, con dificultades en la oferta de bienes y prestación de servicios a nuestra población».

Señaló que están presentes el incumplimiento y la evasión en el pago de impuestos, que en no pocos casos se agravan. Afirmó la Ministra que es imprescindible y urgente transformar las actuaciones de las oficinas tributarias y aplicar medidas innovadoras que eleven el rigor en el enfrentamiento a estas nocivas conductas, que desestimulan a los actores económicos que ejercen legalmente y cumplen con su aporte.

Agregó que se debe trabajar para incrementar la responsabilidad de las autoridades locales y los organismos, con el objetivo de captar hasta el último peso de los ingresos presupuestarios para su distribución y la disminución del déficit fiscal.

Precisó que no se logra efectividad contra las indisciplinas y violaciones de precios si no se aplican sistemas de costos objetivos que impidan la obtención de utilidades altamente lucrativas o de ganancias sin el más mínimo esfuerzo.

«Esta problemática, que tanto disgusta e impacta negativamente en la capacidad de compra de nuestra población, no tenemos el derecho a contemplarla, y sí la alta responsabilidad de resolverla», destacó.

En estos momentos, agregó, el Ministerio está inmerso en el proceso de elaboración del Plan y Presupuesto del Estado para 2023, con directivas encaminadas a reducir los déficits de los territorios y del Estado, y potenciar la participación popular y de los trabajadores. Se enfocan las prioridades en las soluciones a las problemáticas de madres con tres hijos o más, la atención a personas y comunidades en situaciones de vulnerabilidad, las transformaciones de barrios y los planteamientos de la población.

Lograr estos objetivos tributará a la recuperación económica del país, la reducción paulatina del déficit fiscal y a la preservación y avance de los programas sociales que constituyen la fiel expresión del principio de justicia social.

QUE LAS EMPRESAS APORTEN AL PRESUPUESTO

El diputado Néstor Hernández Martínez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios y Forestales, expresó que se debe trabajar en función de la organización, estructura y funcionamiento de las empresas en el sector de la agricultura que reportaron pérdidas al cierre del año.

Al respecto, la Ministra puntualizó que, con el ordenamiento, hubo transformaciones de los financiamientos del Presupuesto para remarcar su carácter social y en función de las metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo hasta 2030, por lo que es necesario reducir paulatinamente el déficit fiscal y mejorar la estructura presupuestaria.

Este año, agregó, no hay concebido financiamiento de las pérdidas, pero sí se evalúa –en función de las condiciones del país– la financiación, hasta el límite en que el Presupuesto lo soporte, de las diferencias de precio que se generan por el incremento de los altos costos de insumos de materias primas en los productos que tienen los precios centralizados.

«Necesitamos que diversifiquen producciones y mejoren rendimientos, más allá de las condiciones objetivas por las que estamos atravesando. Lo que no se puede solucionar desde el Presupuesto es la ineficiencia, los bajos rendimientos y lo que no tribute en mayor producción y diversificación», expresó.

El diputado José Ramón Machado Ventura recalcó que, como parte de la Tarea Ordenamiento, se concibieron algunas empresas que había que subsidiar, y ha habido alteraciones. Expresó que «si la culpa es de los dirigentes, hay que particularizar y definirlo, porque estoy de acuerdo en que las empresas tienen que ser eficientes». Destacó que se deben analizar las empresas que son ineficientes, pero siempre protegiendo al trabajador, y sugirió a la ANPP depurar estas situaciones con la mayor inmediatez, pues hay quienes ven sus ingresos afectados por estas problemáticas.

En consonancia con la propuesta del Comandante Machado Ventura, la vicepresidenta del Parlamento, Ana María Mari Machado, propuso a la comisión que trabaja la atención a las empresas con pérdidas que presente los resultados de un análisis al respecto a la comisión de Asuntos Económicos y al Parlamento, con el objetivo de conocer las medidas que se adopten para la solución de este tema.