Con la participación de las 12 513 comisiones electorales de circunscripción, los objetivos de la prueba dinámica, que durante este 27 y 28 de enero desarrolló el Consejo Electoral Nacional (CEN) –previo al inicio de las reuniones de consulta popular, que del 1ro. de febrero al 30 de abril próximos tendrán lugar en todo el país sobre el proyecto de Ley del Código de las Familias– fueron, en sentido general, cumplidos, aun cuando se presentaron algunas dificultades.
Según informó a Granma, Tomás Amarán Díaz, vicepresidente del CEN, este ejercicio tuvo lugar dada la importancia que se le otorga a la consulta por el amplio contenido que aúna la normativa, la diversidad de opiniones y propuestas que se pueden realizar, así como lo novedoso de los sistemas informáticos diseñados para el procesamiento de la información.
De ahí, agregó, que se contara con la participación de todas las autoridades electorales, además de juristas seleccionados para integrar los dúos de trabajo, informáticos y el resto del personal de apoyo previsto.
«Se debían crear las condiciones necesarias, similar a las que deben existir a partir del 1ro. de febrero para el desarrollo del proceso, aspecto este en el que tenemos que continuar trabajando, ya que se pusieron de manifiesto algunas limitaciones», puntualizó.
Según el esquema diseñado, el primer día de prueba se debían crear las condiciones en cada consejo popular, para, desde estos lugares, agrupar a las comisiones electorales de circunscripción de su entorno y participar activamente en la confección de cien variantes no oficiales de propuestas del proyecto del Código, precisó.
Todo ello, con el fin de ejercitar su redacción, su clasificación, ubicación en el texto y su introducción en el sistema informático.
Este paso, señaló el Vicepresidente del CEN, se trabajó intensamente y se puso de manifiesto su complejidad y lo necesario de continuar capacitando a todos los participantes.
«Algunas dificultades y limitaciones que evidenció esta prueba dinámica fueron la inasistencia de algunas autoridades electorales, fundamentalmente por problemas de enfermedad; las limitaciones en el uso del transporte para trasladar al personal; y la deficiente clasificación, redacción de propuestas y la debida ubicación en el párrafo correspondiente del proyecto», afirmó.
Asimismo, resultó insuficiente la preparación de algunas autoridades electorales y juristas sobre el contenido del proyecto y, en consecuencia –dijo–, se presentaron dificultades e imprecisiones en la confección de las propuestas.
Más allá de estas ineficiencias, el ejercicio formó parte de las acciones organizativas y de capacitación previstas, y se confirma que estamos en condiciones de iniciar la consulta popular sobre el Código de las Familias, aseveró.
